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¿Qué beneficios tiene el reconocimiento de una enfermedad profesional?

El reconocimiento de la enfermedad profesional supone para el trabajador que se abra un abanico de beneficios tanto de índole socio-sanitario como económico. Como beneficios más importantes destaca que las distintas prestaciones que se puedan derivar de la enfermedad profesional como son las pensiones, habitualmente son más elevadas que si fueran por una enfermedad común. Otros beneficios que se derivan del reconocimiento de la enfermedad profesional son el derecho al cambio de puesto, un periodo más amplio de observación de la enfermedad, la gratuidad en los medicamentos, indemnizaciones más elevadas en caso de fallecimiento y de lesiones permanentes no invalidantes, y la posibilidad de iniciar un expediente de recargo de prestaciones y de indemnización de daños y perjuicios Se describen a continuación con más detalle los beneficios derivados del reconocimiento de la enfermedad profesional:

     A) Consecuencias de índole preventivo-sanitario:

Siempre que los síntomas no le afecten a la capacidad laboral el trabajador que padezca una enfermedad profesional tiene derecho a que se le cambie el puesto de trabajo que esté exento del riesgo para su salud, conservando en cualquier caso el salario que tenía en su anterior puesto de trabajo (excepto las partidas salariales que deriven de la producción). Para el caso en que la empresa no tenga un puesto de trabajo exento del riesgo que provoca la enfermedad profesional, previa conformidad con la Inspección de Trabajo, podrá dar de baja al trabajador percibiendo un subsidio igual a su salario íntegro. El pago de este subsidio se hará el primer año a cargo de la empresa, los seis meses siguientes a cargo de la entidad o mutua aseguradora y posteriormente y durante otro año más al INEM según las situaciones legalmente previstas.

Además, de conformidad con el Art. 133 de la LGSS, cuando la enfermedad así lo requiera, se debe declarar un periodo de observación que aplazará el diagnóstico definitivo. Durante este periodo el trabajador estará en situación de Incapacidad Temporal cuando así lo requiera su salud, percibiendo entonces una remuneración equivalente al 75% del salario y pudiendo durar esta situación impeditiva de seis a doce meses.

     B) Consecuencias de índole económico- sanitario:

  1. El tratamiento médico-farmacéutico será gratuito, mientras que si el trabajador sufriera una enfermedad común debería abonar el 40% de los medicamentos.
  2. Prestaciones derivadas de la Seguridad Social: uno de los beneficios más importantes que se derivan del reconocimiento de la enfermedad profesional es que el derecho a ciertas prestaciones de la Seguridad Social nace con independencia del tiempo de cotización pues no se exige periodo de carencia mínimo. Estas prestaciones son de índole económico- sanitario y tienen por objetivo paliar las necesidades que el trabajador tiene por sufrir la enfermedad profesional. Dentro de las prestaciones podemos distinguir:

                     - Asistencia sanitaria:

El trabajador afecto a una enfermedad profesional reconocida tiene derecho a una asistencia sanitaria completa (tratamiento médico-quirúrgico, aparatos de prótesis y ortopedia, vehículo adaptado, cirugía plástica y reparadora, tratamiento rehabilitador) desde el momento en que se diagnostique la Enfermedad Profesional y durante el tiempo que posteriormente se requiera.  Y ello con independencia de que el empresario haya incumplido sus obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas, o el contrato se hubiera celebrado contraviniendo las normas.

                     - Prestaciones económicas

Transcurrido el periodo máximo en el que el trabajador puede permanecer en situación de baja o de Incapacidad Temporal (12 o 18 meses según se prevea una curación) o con carácter previo cuando a instancias de la Seguridad Social se considera que la enfermedad profesional no tiene cura, se iniciará un proceso de reconocimiento de Incapacidad Permanente.

La Incapacidad Permanente (imposibilidad de trabajar) se divide en cuatro grados:

  • Incapacidad Permanente Parcial: sucede cuando el trabajador ve disminuida su capacidad para desempeñar su trabajo no inferior al 33% pero si puede realizar las tareas fundamentales anejas al mismo  En este caso no se deriva pensión alguna sino que el trabajador percibe un pago único que equivale a  veinticuatro mensualidades de la base reguladora de la Incapacidad Temporal originaria.
  • Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual: sucede cuando el trabajador no puede realizar las tareas fundamentales de su actividad profesional habitual, pero sí puede trabajar en otra profesión. Este tipo de incapacidad da derecho a una pensión consistente en el 55% de una base reguladora constituida por los salarios reales del trabajador.
  • Incapacidad Permanente Absoluta: ocurre cuando el trabajador se encuentra impedido para el desarrollo de toda profesión u oficio, siendo entonces la pensión a la que se tiene derecho equivalente al 100% de una base reguladora constituida por los salarios reales del trabajador
  • Gran Invalidez: ocurre cuando además de estar impedido para desarrollar toda profesión u oficio, el trabajador requiere la ayuda de tercera persona para hacer las tareas más básicas de la vida. La pensión a la que se tiene derecho en este caso, asciende al 150% de la base reguladora calculada igual que en la Incapacidad Permanente Total y en la Incapacidad Permanente Absoluta derivadas de contingencias profesionales.

Es a la hora de determinar el porcentaje de la base reguladora para el cálculo de las distintas prestaciones anteriormente establecidas donde influye el reconocimiento de la enfermedad profesional, pues entonces los porcentajes son más altos, pudiendo alcanzar el 100% desde el primer día si así se establece por negociación colectiva.

Además de las prestaciones anteriormente expuestas, el reconocimiento de la enfermedad profesional supone como beneficio que se puedan reconocer estas otras prestaciones:

  • Indemnización especial en casos de muerte por Enfermedad Profesional: es una indemnización que se calcula a tanto alzado y que se concede a ciertos familiares del fallecido por enfermedad profesional (Art. 177 de la LGSS).
  • Indemnización por lesiones permanentes no invalidantes: son lesiones, mutilaciones o deformidades que son consecuencia de una enfermedad profesional, son definitivas, suponen una disminución o alteración de la integridad física del trabajado pero no llegan a constituir causa de invalidez permanente. Si las lesiones figuran en el baremo a tal efecto fijado, dan derecho a una indemnización económica por una sola vez y cuya cuantía dependerá de la lesión.

Por último hay que tener en cuenta que en los convenios colectivos se fijan indemnizaciones por fallecimiento o incapacidad cuando el origen de ambas es una enfermedad profesional, puesto que tanto ésta como el accidente de trabajo son objeto de seguro obligatorio.

     C) Indemnización de daños y perjuicios y recargo de prestaciones. 

Al margen de las anteriores prestaciones cuando la enfermedad profesional se ha ocasionado como consecuencia de una actuación no diligente del empresario o porque éste haya infringido las medidas de seguridad e higiene, pueden surgir ciertos beneficios económicos que favorecerán al trabajador o a sus familiares.

Así si la enfermedad profesional se ha contraído porque el empleador ha actuado contrariamente a la diligencia con la que como profesional debe actuar, el trabajador o sus herederos pueden reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que esa enfermedad les ha ocasionado. Estos daños y perjuicios contemplarán partidas indemnizatorias tales como el daño biológico causado (secuelas, periodo de incapacidad…), la merma de ingresos económicos, la ganancia dejada de percibir o el daño moral. Si bien es cierto que cada caso es específico y que la casuística de nuestros tribunales es variada, hay una corriente bastante unánime de cifrar las indemnizaciones cuando se trata de un cáncer derivado de la exposición a una sustancia cuya toxicidad es comúnmente conocida y que provoca efectos invalidantes graves, en torno a los 100.000€

A la indemnización de daños y perjuicios hay que añadir lo que se conoce como recargo de prestaciones y que supone que cuando ha habido una infracción de las medidas de seguridad, las prestaciones económicas que se están percibiendo (las pensiones que se perciben por los distintos grados de incapacidad) se vean aumentadas en un porcentaje que puede llegar a alcanzar el 50% dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Supone por ello que a partir del reconocimiento de este recargo, que será siempre a cargo de la empresa, la pensión en su caso percibida se aumentará en un porcentaje de entre el 30 al 50%.