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¿Cómo se reconoce una enfermedad profesional?

El reconocimiento de la enfermedad profesional puede darse a instancias de propia mutua de trabajo o del médico de cabecera quien así lo indicará en el parte de baja. Si el reconocimiento de la enfermedad profesional no se hace “de oficio” el trabajador deberá acudir en primer lugar a su mutua de trabajo para que ésta declare la enfermedad profesional. Si la mutua no actúa conforme a lo solicitado el trabajador puede solicitar el reconocimiento de la enfermedad profesional bien ante la Seguridad Social iniciando una solicitud de determinación de contingencia o bien ante su médico de cabecera habitual, con el fin de que valoren si la enfermedad padecida se relaciona con la profesión desempeñada.

En el caso de que el trabajador haya optado por acudir a su médico de cabecera, y este considere que se trata de una enfermedad profesional, lo trasladará a la Inspección Médica del sistema sanitario público.

En todo caso, es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), como entidad gestora, quien tiene la última palabra, pudiendo emitir lo que se conoce como la resolución de determinación de contingencia, condenando, en su caso, a la Mutua a hacerse cargo de todas las prestaciones que se deriven de la enfermedad profesional

Tanto si el médico es el que no considera que se trata de una enfermedad profesional o esa negación provenga de la Inspección Médica o se ha acudido directamente al INSS y se recibe la misma respuesta, el trabajador deberá interponer frente a esa decisión y en el plazo de 30 días lo que se conoce como una Reclamación Previa de conformidad con el Art. 71 de la ley de la jurisdicción social

Esa reclamación previa que se interpone ante la Seguridad Social debe ser contestada expresamente en el plazo de 45 días, pues de lo contrario se entiende que la reclamación ha sido denegada por silencio administrativo. Tanto si se ha obtenido respuesta expresa como si ha desestimado la reclamación por silencio negativo, el trabajador tendrá el plazo de 30 días para interponer la correspondiente demanda en el juzgado de lo Social correspondiente.